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Extensión
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5 fojas
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Resumen
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Se celebra que la SCJN atraiga el caso Aguas Blancas por su impacto social.
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Tipo
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Unidad documental simple
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Clasificación
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01.01.02-1/1/58
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Ubicación original
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Caja 1 Carpeta 1 Expediente 58
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Sububicacion
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CAJA_1
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Texto completo
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Plaza pública
para la edición del 6 de marzo de 1996
¡Mátalos en caliente!
Miguel Ángel Granados Chapa
Es digna de aplauso y apoyo la decisión presidencial
de pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la
investigación de la matanza de Aguas Blancas, donde 17
campesinos fueron asesinados en una emboscada
policiaca, ordenada por autoridades superiores
beneficiarias de una impunidad nacida de que ellas
mismas se encargan de la averiguación y el proceso.
Se trata de una muestra de voluntad que combina la
política y el derecho, asumida ante el escándalo
provocado por el video que muestra las dimensiones de
la feroz agresión contra personas inermes, a las que
contra toda ley y sin razón alguna se les coartó primero
las libertades de tránsito y de reunión, y luego a 17 de
ellas se les privó de la vida, y ante una nueva pretensión
de aminorar las responsabilidades judiciales que
eventualmente tenga el gobernador Rubén Figueroa.
Sabedor de que esa decisión iba a ser anunciada la tarde
del lunes, el propio Figueroa se anticipó a descalificarla,
mediante la técnica esgrimida por sus colegas Bartlett y
Madrazo. Los tres, autoritarios disfrazados de
federalistas, defienden el coto que les fue obsequiado
para hacer su voluntad, contra intromisiones que juzgan
lesivas de sus privilegios. En el caso de Guerrero, no hay
la menor duda de que se trata de una facultad federal
1
que, sin afectar ni superponerse al proceso penal
correspondiente al fuero común, tiene un propósito
específico, relacionado con la salvaguarda de las
garantías individuales, terreno propio de la Suprema
Corte ya que, según don Felipe Tena Ramirez, "su
misión característica consiste en velar por las garantías
de la persona que consagra la Constitución". Anque casi
nunca se han puesto en práctica las facultades de
solicitar a la Corte, y de que ésta realice la investigación
respectiva, ciertamente la decisión del legislador ha sido
dar vigencia a esa posibilidad. En el mismo artículo 97
se estipulaba que, también a solicitud de los otros
poderes, o motu proprio, el mayor tribunal del país podía
investigar las violaciones al voto público. En 1977 se
dejó sólo a la Corte la facultad correspondiente y en la
reforma del año pasado se le privó (o se la puso a salvo)
de ella. Al dejar vivo este régimen especial de protección
a las garantías, paralelo al amparo, el Constituyente
Permanente ha querido que se acuda a él, como lo ha
hecho ahora el Presidente Zedillo.
Es preciso valorar en sí misma la decisión, sin
perjuicio de examinar a su tumo el desenvolvimiento de
la investigación y sus resultados. No cabe esperar, a
priori, que esta averiguación signifique una condena al
gobernador de Guerrero. Ni siquiera sabemos qué
efectos formales pueden desprenderse de la indagación,
pues se trata de un terreno prácticamente virgen. Pero ya
es útil que el gobierno federal no soslaye la importancia
de la matanza y de su sectario abordamiento judicial.
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En búsqueda de antecedentes que expliquen su
alcance y su sentido, Tena Ramírez encontró que "bajo la
vigencia de la Constitución anterior, ocurrió un caso que
por su semejanza con los ahora previstos pudo influir en
la adopción del precepto", propuesto por Carranza,
"joven espectador de aquellos acontecimientos".
Se trata de una matanza como la de Aguas Blancas,
en que se atribuyó, como en ella, responsabilidad
política y penal a un gobernador que, como el de
Guerrero, se ufanaba de la amistad real y fecunda con el
Presidente de la República, lazo casi fraternal que lo
libró de cualquier persecusión. Como hasta . ahora ha
ocurrido con el homicidio de 17 campesinos, el
fusilamiento sumario, sin juicio, de nueve presuntos
lerdistas, tampoco acarreó sanción alguna al funcionario
culpable que, lejos de ello, fue después premiado con
otra gubernatura.
El primer comandante militar y gobernador
designado por el general Porfirio Díaz después del
triunfo de la rebelión de Tuxtepec, fue Luis Mier y
Terán, destinado a Veracruz. Díaz no ignoraba, según
don Daniel Cosí o Villegas (de cuya muerte se cumplen
veinte años el próximo domingo), que su compadre era
"temperamental y de poco buen juicio", ni tampoco que
la opinión general sobre su valido se condensaba en esta
coplilla, aparecida en el periódico satírico Don
Gregorito y que contiene juicios aplicables a la
actualidad:
"¡Pobre de tí, Veracruz!l Te valiera más primero/
tener a Juan Candelero/ de gobierno a un avestruz;/ a
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•
Mata que es andaluz,/ir a manos de Payán,/ o a cualquier
perillán,/ y no tenerte en tan poco/ de soportar a ese loco/
don Luis Mier y Terán".
En junio de 1879, un grupo de personas, adictas al
depuesto presidente Sebastián Lerdo de Tejada se
sublevó en Alvarado, y tomó un guardacostas, el vapor
Libertad. Para mostrar eficacia, el gobernador Mier y
Terán informó la noche del 24 al general Díaz de la
rebelión y, sin que fuera verdad, anunció que "algunos
comprometidos en esta plaza" habían sido aprehendidos.
Díaz, que había encarado con éxito otros varios intentos
rebeldes, quiso dar un escarmiento a sus opositores, y
giró una instrucción terminante para que fueran
capturados los ocupantes del Libertad y se "fusile luego
(a) todos los oficiales y al diez por ciento de la
tripulación". La orden era de tal modo cruel, que una
frase nunca dicha por Díaz, pero equivalente a las suyas,
dio nombre al trágico episodio. "¡Mátalos en caliente!".
Mier y Terán tomó presos a siete civiles y dos
militares que nada tenían que ver con los sublevados, y
los hizo fusilar en las primeras horas del 25 de junio, y
luego rindió orgulloso parte a su jefe y amigo. Cuando el
hecho fue conocido, se provocó un gran escándalo. La
Corte, donde figuraban don Ezequiel Montes y don
Ignacio L Vallarta decidió intervenir a través de un juez
federal. A pesar de las indagaciones, ninguna pena
recayó sobre Mier y Terán, ni tampoco sobre Díaz, pese
a su bárbara oden, equivalente al moderno "¡deténganlos
a como haya lugar!"
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Miércoles 6 de marzo de 1996, REFORMA
PLAZA PúBLI A
MIGUEL A:NGEL GB.&:N&DOS ,C B&P&
jMátai os en caliente!
Es digna de apla1~so la decisión de que la Suprema Corte de J usiflicia de la N ación se oc u pe de la
matanza de Aguhs Blancas, por la agi b1ción social que ese trágico episodio ha generado. Sólo
falta que el respltad~ no sea análogo al de su remoto antecede'n te veracruzano
Es
DIGNA DE APlAUSO ;[APoYo IA DECISióN PRESIDENCIAL de pedir a la ~uprema Corte de Jus-
ticia de la Nación la investigación de lamatanza de Aguas Blancas, donde 17 campesinos fueron asesinados en una emboscada
policiaca, ordenada por autoridades superiores beneficiarias de una impunidad nacida de que ellas mismas se encargan de la
averiguación y el proceso.
.
Se trata de una muestra de voluntad que
combina la política y el derecho, asqmida
ante el escándalo provocado por el video que
muestra las dimensiones de la feroz agresión contra personas inermes, a las que contra toda ley y sin razón alguna se les coartaron primero las libertades de tránsito y de
reunión, y luego a 17 de ellas se les privó de
la vida, y ante una nueva pretensión de aminorar las responsabilidades judiciales que
eventualmente tenga el gobernador Rubén
Figueroa. Sabedor de que esa decisión iba a
ser anunciada la tarde del lunes, el propio
Figueroa se anticipó a descalificarla, mediante la técnica esgrimida por sus colegas
Bartlett y Madrazo. Los tres, autoritarios
disfrazados de federalistas, defienden el coto que les fue obsequiado para hacer su voluntad, contra intromisiones que juzgan lesivas de sus privilegios. En el caso de Guerrero, no hay la menor duda de que se trata
de una facultad federal que, sin afectar ni
superponerse al proceso penal correspondiente al fuero común, tiene un propósito específico, relacionado con la salvaguarda de
los derechos individuales, terreno propio de
la Suprema Corte ya que, según don Felipe
Tena Ramírez, "su misión característica
consiste en velar por las garantías de la persona que consagra la Constitución" . Aunque
casi nunca se han puesto en práctica las facultades de solicitar a la Corte, y de que ésta realice la investigación respectiva, ciertamente la decisipn del legislador ha sido dar
vigencia a esa pos~ilidad. En el mismo artículo 97 se estipulaba que, también a solicitud de los otros poderes, o motu proprio,
el mayor tribunal del país podía investigar
las violaciones al voto público. En 1977 se
dejó sólo a la Corte la facultad correspondiente en la reforma del año asado se le
privó (o se la puso a salvo} de ella. Al dejar
vivo este régimen especial de protección a
las garantías, paralelo al amparo, el Constituyente Permanente ha querido que se acuda a él, como lo ha hecho, en buena hora, el
presidente Zedillo.
Es preciso valorar en sí misma la decisión, sin perjuicio de examinar a su turno el
desenvolvimiento de la investigación y sus
resultados. No cabe esperar, a priori, que
esta averiguación signifique una condena al
gobernador de Guerrero. Ni siquiera sabemos qué efectos formales pueden desprenderse de la indagación, pues se trata de un
terreno prácticamente virgen. Pero ya es útil
que el gobierno federal no soslaye la importancia de la matanza y de su sectario abordamiento judicial.
En búsqueda de antecedentes que expliquen su alcance y su sentido, Tena Ramírez
encontró que "bajo la vigencia de la Constitución anterior, ocurrió un caso que por su
semejanza con los ahora previstos pudo influir en la adopción del precepto", propuesto por Carranza, "joven espectador de aquellos acontecimientos".
Como en el caso protagonizado por Rubén Figueroa,
que se ufana de
su relación
personal con el Presidente de la
República para quedar a salvo
ante una arbitrariedad d~ la
que derivaron muchas muertes, hace más de un siglo un gobernador recibió premio en vez
de casti o.
Se trata de una matanza como la de
Aguas Blancas, en que se atribuyó, como en
ella, responsabilidad política y penal a un
gobernador que, como el de Guerrero, se
ufanaba de la amistad real y fecunda con el
Presidente de la República, lazo casi fraternal que lo libró de cualquier persecución.
Como hasta ahora ha ocurrido con el homi.idio de 17 campesinos, el fusilamiento suntario, sin juicio, de nueve presuntos oposito s, tampoco acarreó sanción alguna al
furi ionatio culpable que, lejos de ello, fue
• despu~s premiado con otra gubernatura.
El primer co~nandante militar y goberna:
: dor designado por el general Porfirio Díaz
: después del triunfo de la rebelión de Tuxte'· pec, fue Luis Mier y Terán, destinado a Veracruz. Díaz no ignoraba, según don Daniel
Cosío Villegas (de cuya muerte se cumplirán
veinte años el próximo domingo}, que su
compadre era "temperamental y de poco
buen juicio", ni tampoco que la opinión general sobre su valido se condensaba en esta coplilla, aparecida en el periódico satírico Don Gregorito y que contiene juicios aplicables a la actualidad:
"¡Pobre de ti, Veracruz!/ 'fe valiera más
primero/ tener a Juan Candelero/ de gobierno a un avestruz;/ a Mata que es andaluz/ir
a manos de Payán/ o a cualquier perillán/
y no tenerte en tan poco/ de soportar a ese
loco/ don Luis Mier y Terán" . .
En junio de 1879, un grupo de personas,
adictas al depuesto presidente Sebastián
Lerdo de Tejada se sublevó en Alvarado, y
tomó un guardacostas, el vapor Libertad.
Para mostrar eficacia, el gobernador Mier y
Terán informó la noche del 24 al general
Díaz de la rebelión y, sin que fuera verdad,
anunció que "algunos comprometidos en esta plaza" habían sido aprehendidos. Díaz,
que ·había encarado con éxito otros varios
intentos rebeldes, quiso dar un escarmiento a sus opositores, y giró una instrucción
terminante para que fueran capturados los
oc1,1pantes del Libertad y se "fusile luego (a}
todos los oficiales y al diez por ciento de la
tripulación". La orden era de tal modo
cruel, que una frase nunca dicha por Díaz,
pero equivalente a las suyas, dio nombre al
trágico episodio. "¡Mátalos en caliente!"
Mier y Terán tomó presos a siete civiles y
dos militares que nada tenían que ver con
los sublevados, y los hizo fusilar en.las primeras horas del 25 de junio, y luego rindió
orgulloso parte a su jefe y amigo. Cuando el
hecho fue conocido, se provocó un gran escándalo. La Corte, donde figuraban don Ezequiel Montes y don Ignacio L. Vallarta decidió intervenir a través de un juez federal. A
pesar de las indagaciones, ninguna pena recayó sobre Mier y Terán, ni tampoco sobre
Díaz, pese a su bárbara orden, equivalente
al moderno "¡deténganlos a como haya Iu!"
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Fecha de disponibilidad
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Digitalizado el: 01/04/2026
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Formato
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